1. Contexto político y social de la propuesta
En un momento marcado por el alza del coste de vida y las tensiones en el mercado laboral, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa una ambiciosa propuesta: elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1 300 euros mensuales. Este anuncio llega tras una década en la que el SMI ha crecido de forma sostenida, pero para muchos trabajadores sigue siendo insuficiente para cubrir gastos básicos como vivienda y transporte. Díaz subraya que “no se trata solo de justicia social, sino de dinamizar la economía por la vía del consumo interno”, y defiende que un poder adquisitivo mayor refuerza la recuperación tras la crisis pandémica. El contexto se completa con las recientes protestas de sectores como la hostelería y el comercio, que reclaman un equilibrio entre salarios dignos y la viabilidad de pequeñas y medianas empresas.
2. Desglose de la propuesta normativa
La medida planteada contempla un aumento progresivo del SMI hasta 1 300 euros para el próximo año, distribuidos en catorce pagas, lo que supone un incremento cercano al 12 % respecto a los 1 160 euros actuales. Además, establece una cláusula de revisión semestral para ajustar la cifra según la evolución del IPC y el crecimiento del PIB. “Necesitamos un mecanismo flexible que combine ambición y realismo: subir de golpe sin considerar la inflación sería contraproducente, pero postergar el debate sería injusto”, señala Díaz. El borrador también prevé exenciones temporales de cotizaciones sociales para las empresas de menos de diez trabajadores, con el fin de proteger el empleo en los sectores más vulnerables.
3. Impacto esperado en el empleo y la desigualdad
Los estudios oficiales del Ministerio estiman que el alza beneficiará directamente a más de dos millones de trabajadores con salarios bajos, reduciendo la brecha salarial entre cadenas de valor y fomentando la cohesión territorial. De acuerdo con estas proyecciones, la pobreza laboral disminuiría en un 3 % y el índice de desigualdad —medido por el coeficiente de Gini— retrocedería hasta niveles de hace cinco años. “Este aumento no es gasto público añadido, sino una transferencia de renta que dinamiza el consumo y fortalece la demanda interna”, argumenta el economista jefe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. No obstante, expertos avisan de que el impacto real dependerá de la capacidad de las empresas para absorber costos sin recurrir a recortes de plantilla o subcontrataciones precarias.
4. Reacciones de fuerzas políticas y agentes sociales
La propuesta ha provocado reacciones encontradas: el PSOE la respalda como “un paso necesario hacia un mercado laboral más justo”, mientras que el PP y Ciudadanos la califican de “improvisación imprudente” que podría encarecer el despido y perjudicar a autónomos. Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO celebran la medida como “un triunfo histórico para los trabajadores”, pero insisten en la necesidad de reforzar la inspección laboral para evitar abusos. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme alertan de un posible “efecto arrastre” que encarecería convenios provinciales y pondría en peligro la viabilidad de pequeñas empresas, reclamando “un análisis de impacto riguroso antes de su implantación”.
5. Comparativa internacional y referentes europeos
En el contexto de la Unión Europea, España permanecería entre los países con SMI más elevados del sur del continente, equiparable al nivel de Portugal o Grecia, pero todavía por debajo de Francia o Alemania si se ajusta por coste de vida. Díaz recuerda que “modernas economías nórdicas demuestran que un salario mínimo fuerte convive con bajos índices de desempleo”, y aboga por desterrar la idea de que subir el umbral salarial condena al paro. Varios estudios de la Comisión Europea avalan que los incrementos moderados del SMI no reducen el empleo en sectores con alta rotación, siempre que vayan acompañados de políticas activas de formación y fomento del emprendimiento.
6. Calendario y próximos pasos legislativos
El Gobierno prevé llevar la reforma al Consejo de Ministros en julio, para remitirla al Congreso antes del inicio del debate de los Presupuestos Generales del Estado. Yolanda Díaz anticipa una negociación “seria y constructiva” con los grupos parlamentarios y la mesa de diálogo social, con el objetivo de aprobar el aumento en otoño y aplicarlo a partir de enero de 2026. “Queremos garantizar certidumbre: pocas sorpresas y mucha predictibilidad para las empresas”, enfatiza la ministra. El éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad de consenso político y de la receptividad de los interlocutores sociales, que deberán calibrar el equilibro entre justicia salarial y competitividad empresarial.
